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Si bien el crecimiento de la economía nacional ha sido alto y sostenido en el período 2004-2012, la informalidad en el país no ha retrocedido de manera significativa.
Las cifras oficiales del INEI muestran que en dicho período el número de unidades productivas (UP) informales disminuyó apenas 2.6 puntos porcentuales a 87.3%; mientras que el empleo informal cayó un poco más, de 61.5% a 57%, (pero que se eleva a 74.3% si se incluye el empleo informal dentro del sector formal y que corresponde al empleo asalariado fuera del sector informal sin protección social, incluidos los trabajadores familiares no remunerados)
Y en cuanto a la participación del sector informal en el PBI, se sabe que era de 19% en el 2007 (últimas cifras oficiales disponibles, según el último reporte de informalidad del INEI), porcentaje que puede haberse incrementado a la fecha después de la crisis financiera internacional (2008.2009) cuyos efectos negativos en la economía aún no terminan, y por la agudización de los factores internos adversos a la inversión (conflictos sociales) que han contribuido a que esta se desacelere y, con ello, también el empleo formal.
Hay consenso en que un factor clave para el poco avance en la lucha contra la informalidad es el elevado costo de la formalización (costos no laborales altos que implica el crear empleo formal y costos tributarios), por lo que es lo primero que debe atacarse con fórmulas prácticas y atractivas que en parte está recogiendo el proyecto de Plan de Diversificación Productiva que ha lanzado el Produce, pero esta reforma no ha sido abordada de manera frontal por los últimos gobiernos, incluido el actual, porque no es popular y tiene un costo político.
Hay otros factores detrás de la informalidad que también se deben atacar con decisión. Por ejemplo, una mayor fiscalización y control de las fuentes de aprovisionamiento de las actividades donde se registra un mayor nivel de informalidad. En lugar de hacer una fiscalización de los minoristas en los mercadillos, ferias, o ´huecos´ que hay a lo largo y ancho del país, con el uso de Inteligencia debería identificarse a quienes son los proveedores, cómo y cuáles son los canales o medios que utilizan para proveer a los informales y, a partir de ello, sancionarlos administrativa o penalmente según sea el caso. Es decir, falta una fiscalización más efectiva de las ventas informales (o distribución fuera del circuito comercial formal) de las empresas ´formales´; así como, por supuesto, de los flujos de contrabando y piratería.
El crecimiento y propagación de actividades ilícitas en el país como la minería ilegal y el narcotráfico también son un factor que induce el crecimiento de la informalidad, actividad se presta para el lavado de dinero que demandan esas actividades. Por ello el control de esas actividades ilícitas es fundamental para ayudar a la disminución de la informalidad. Poco se ha avanzado en eso, lamentablemente.
Tomado de: Gestión.pe, Luis Hidalgo Suárez
